Las redes sociales obligadas a
respetar la normativa Europea
La semana pasada (16 de febrero),
se publicaron los cambios introducidos por Facebook, Twitter y Google+ para
adaptar sus condiciones de servicio a la normativa europea de protección de los
consumidores.
De estos cambios ya se benefician una gran parte de los consumidores
europeos que usan las redes sociales: los consumidores europeos ya no se ven
obligados a renunciar a sus derechos como consumidores, como por ejemplo el de
poder anular cualquier compra hecha por Internet, y pueden presentar sus
reclamaciones en Europa en lugar de tener que hacerlo en California; por su
parte, los operadores tienen que asumir su parte de responsabilidad tal como lo
hace cualquier otro prestamista de servicios no online. Ahora bien, a pesar de
los cambios introducidos, sólo se han satisfecho parcialmente los requisitos de
la normativa europea sobre consumo.
La comisaria europea de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, ha dicho: «Cómo las redes
sociales también se usan como plataformas comerciales y publicitarias, hace
falta que respeten la normativa sobre protección de los consumidores. Me llena,
pues, de satisfacción que la aplicación de la normativa europea de protección
de los consumidores por parte de las administraciones nacionales esté dando sus
primeros frutos porque es cierto que hay operadores que han hecho un esfuerzo
para ofrecer más seguridad a los consumidores; aún así, es inaceptable que esta
adaptación todavía no se haya completado del todo a pesar de que se esté
tardando tanto de tiempo a hacerlo. Esto confirma que hace falta una nueva
política de protección del consumidor, es decir, que hay que respetar la
normativa europea en materia de consumo y, por lo tanto, que a quien no la
respete se le tienen que poder imponer sanciones»,
Las últimas propuestas de Google
parecen ir en la línea de las exigencias de las autoridades nacionales de consumo,
pero Facebook, y todavía más Twitter, sólo se
han puesto parcialmente a respetar cuestiones importantes relacionadas
con su responsabilidad y con la manera como informan los usuarios de la
eventual retirada de contenidos o de la posibilidad de rescindir contratos
unilateralmente.
En cuanto al «procedimiento de
notificación y acción» utilizado por las autoridades nacionales de consumo para
notificar y pedir la eliminación de contenidos ilegales, las modificaciones
introducidas por parte de algunos operadores todavía son insuficientes. Google+
ha establecido un protocolo y unos plazos para tramitar las solicitudes, pero
Facebook y Twitter sólo han aceptado facilitar una dirección de correo
electrónico a la cual las autoridades nacionales pueden dirigirse para
notificar infracciones, sin que los operadores se hayan comprometido a tramitarlo
en un plazo determinado.
A raíz de las numerosas denuncias
de consumidores que han sufrido fraudes o estafas a la hora de usar un web o
que han tenido que respetar unas condiciones que no se ajustan a la legislación
europea en materia de consumo, en el mes de noviembre del 2016 se empezaron a
aplicar una serie de medidas de ejecución.
Desde entonces, los operadores
aceptaron modificar las siguientes
condiciones:
-Las condiciones de servicios que
limitan o excluyen totalmente la responsabilidad de los operadores en relación
con la prestación de su servicio;
-Las condiciones que obligan a los
consumidores europeos a renunciar a sus derechos inalienables, como por ejemplo
el de retractarse de una compra hecha por Internet;
-Las condiciones que privan a los
consumidores de su derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales del estado
miembro de residencia y los someten al derecho y jurisdicción de California;
-Las condiciones que eximen a los
operadores de la obligación de tener que
notificar la información comercial y los contenidos patrocinados.
Los operadores se han comprometido
a introducir durante el primer trimestre del 2018 los cambios necesarios en sus
condiciones de servicio en todas las versiones lingüísticas.
Próximas etapas
Tal como ya indicaba en su
comunicación sobre la lucha contra los contenidos ilegales en Internet
publicada el mes de septiembre del 2017, la Comisión espera que los operadores
detecten, eliminen y prevengan rápidamente y de manera proactiva la reaparición
de contenidos ilegales en sus plataformas.
Las autoridades nacionales de
protección del consumidor y la Comisión supervisarán la aplicación de los
cambios prometidos y harán un uso activo del procedimiento de notificación y
acción facilitado por los operadores. Se centrarán en los contenidos
comerciales ilegales relacionados con suscripciones no deseadas y otros
fraudes. Por otro lado, las autoridades nacionales podrán tomar las medidas
adecuadas, incluidas si procede medidas de ejecución.
El próximo mes de abril la
Comisión presentará un nuevo acuerdo para proteger mejor a los consumidores, la
finalidad del cual será modernizar el derecho del consumo y garantizar su
cumplimiento.
Trasfondo de la cuestión
El 16 de marzo del 2017 las
autoridades europeas de consumo y la Comisión Europea se reunieron con los
operadores para oir y debatir las soluciones que proponían. A raíz de esta
reunión, los operadores han introducido algunos cambios en sus condiciones de
servicio. Aún así, la Comisión y las
autoridades nacionales de consumo consideran que es urgente introducir más
cambios.
El mes de noviembre del 2016 la
administración de cooperación para la protección del consumidor de la dirección
general francesa de la Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF)
envió una posición común a Facebook, Twitter y Google+, pidiéndoles que
mejoraran una serie de cláusulas contractuales y establecieran un sistema para
impedir el tráfico ilícito de contenidos comerciales, previa notificación.
Los reglamentos europeos en
materia de protección de los consumidores reúnen a las autoridades nacionales
de consumo en una red paneuropea cuya finalidad es hacer cumplir la ley.
Gracias a esta red, las autoridades nacionales se pueden dirigir a sus
homólogas de otros estados miembros para pedir que intervengan en casos de
infracción transfronteriza de la
normativa europea.
Se trata de colaborar en la aplicación de varios actos
legislativos relacionados con la protección de los consumidores, como por
ejemplo la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre
comercio electrónico, la Directiva sobre los derechos de los consumidores o la
Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas.
En el marco de esta colaboración,
las autoridades nacionales tienen que comprobar periódicamente cuestiones de
interés común sobre la protección de los consumidores en el mercado único y
tienen que coordinar sus actividades de supervisión del mercado y las posibles
medidas de ejecución. La Comisión facilita el intercambio de información entre
las autoridades nacionales y su coordinación.
Los operadores tienen que asumir una
mayor responsabilidad en cuanto a la supervisión de los contenidos. La
Comunicación ofrece una serie de herramientas para prevenir, detectar y
eliminar rápidamente los contenidos ilegales en Internet y evitar que vuelvan a aparecer.
